Todos los españoles y españolas, en la edad legal para ello, tienen derecho a voto por el hecho de contar con la nacionalidad española. Este es el censo electoral vigente y que funcionó perfectamente en todas las elecciones, incluidas las últimas celebradas en las autonomías de Andalucía, Castilla y León o Extremadura que, por cierto, dieron como resultado gobiernos de coalición entre el PP y Vox.
De repente y, seguramente, ante el temor de no conseguir, en las próximas generales la mayoría ultra suficiente para gobernar en el Estado, empezó VOX a extender el bulo de que se estaba tratando de alterar el censo electoral. El objetivo de este bulo era embarrar el campo electoral para cuestionar posible resultados electorales adversos y jugar la carta de la deslegitimación de cualquier resultado desfavorable para ellos. Como antes tantas otras propuestas reaccionarias de VOX, Feijóo se arrastró, sumiso, a asumir y expandir el bulo y ahora participa en el intento de negar el derecho al voto a medio millón, más o menos, de españoles.
Resultado: Son los que acusaban al Gobierno de intentar alterar el Censo electoral, los que, en realidad, tratan de alterarlo, solicitando esta medida del Tribunal Supremo con la cooperación necesaria de un Magistrado de este tribunal, que declaró públicamente que él quiere que Feijóo gane las próximas elecciones generales. Querencia explícita, pública y notoria que echa por tierra su imparcialidad en este proceso o por lo menos la apariencia de ella, imprescindible para ejercer, limpia y legalmente, su función.
Así pues, los que denuncian intentos de alterar el censo son los que tratan de alterarlo con “subterfugios de ley” , que tratan de privar a medio millón de ciudadnos, por fuera de la Constitución y de toda norma, del derecho al voto, por cierto, inseparable del hecho de su nacionalidad.
Con esta pandilla de trileros, mal vamos todos. Ellos incluidos.