Estamos, creo, ante la mayor y más grave agresión que hoy se cierne, es decir, que “amenaza de cerca” a Galicia y a toda la población gallega. Es una amenaza medioambiental, de salud pública, social e incluso económica para todo el país.
La más evidente señal de alarma se ha producido estos días cuando la Xunta de Galicia, que preside el señor Rueda, del PP, a decidido declarar “proyecto industrial estratégico” los planes de Cobre San Rafael de reactivar la mina de Touro-O Pino. Proyecto que en 2021 fue denegado por la Xunta, dado el impacto medioambiental negativo que suponía.
Ahora, Cobre San Rafael, que no es más que una “franquicia” de la multinacional ATALAYA-MINING, presenta un pretendido nuevo proyecto que es esencialmente igual que el anterior, superficialmente maquillado con presuntas modificaciones que prácticamente son inútiles o incumplibles.
Declarar este proyecto como estratégico supone, entre otras cosas, que va a ser tratado con prioridad por la Administración; que se van a reducir a la mitad los plazos de exposición pública para hacer alegaciones de los afectados; que se puede pasar por encima e ignorar los planes urbanísticos vigentes en los Concellos; que se le puede adjudicar directamente el suelo industrial que demande la empresa; que se le pueden conceder subvenciones públicas a dedo, sin concurso previo; que se pueden expropiar, por razones de utilidad pública, las fincas que hagan falta, y ocuparlas incluso antes de la tramitación de la expropiación; o que se pueden ampliar o imponer servidumbres de paso y vías de acceso o líneas e transporte y distribución energética, por encima de otros intereses legítimos y derechos de vecinos y propietarios.
Como se ve, la Xunta del Sr. Rueda, con esta declaración, trata de imponer decisiones, técnicas y políticas, contrarias a los derechos y legítimos intereses de los vecinos y propietarios, directamente afectados por el proyecto. Y esta imposición la hace con violencia institucional, es decir, con “coacción y contra el natural modo de proceder” y esto es violencia.
Pero la amenaza y el problema no es local ni solo afecta a los vecinos de O Pino, Touro o Santiago, sino al conjunto del país porque hemos de percatarnos, que justo al lado, se amenaza con otro desbastador proyecto: el de la papelera de ALTRI, otra multinacional, en la comarca da Ulloa, en el corazón de Galicia. Entre la Mina de Touro y la Celulosa da Ulloa se amenaza muy gravemente y se verá afectada la más poblada y la mayor parte de la segunda mayor cuenca fluvial de Galicia, después de la del Miño, (2.764 Km. cuadrados) y que además desemboca y da vida a la Ría de Arousa: la mayor y más rica de las rías: la zona de mayor producción de mejillón de todo el mundo, de cultivo de bivalvos y de pesca de excelente calidad. Por cierto, una ría ya muy castigada por la contaminación, que sí debiera ser objeto prioritario de especial protección y recuperación, por verdadera “utilidad pública”, para cualquier gobierno mínimamente responsable.
Estamos pues ante un intento de agresión brutal a una de las arterias principales del sistema hidráulico y fluvial del país, que afecta muy gravemente al corazón de las fértiles rías gallegas; que destrozaría una parte substancial de la riqueza, agropecuaria y pesquera, actual y de las futuras posibilidades económicas de Galicia, frente a la hipotética creación de “cuatro” puestos de trabajo, precarios y sub-cualificados; que supone un peligro cierto y grave para el medioambiente y para la salud de la población; y que nos convierte en un país dedicado a la mera extracción de nuestras riquezas sin prácticamente añadir valor a nuestro trabajo. Si esta evidente amenaza no es un problema de excepcional gravedad para toda Galicia, venga dios y lo vea.
Frente a la actitud violenta, es decir de “coacción y contra el natural modo de proceder”, de La Xunta del Sr Rueda, solo cave reaccionar colectivamente, como ciudadanos y como país, ejerciendo toda la presión civil, democrática y pacífica, que sea precisa para evitar la acción criminal, es decir, “grave, indebida, reprensible o potencialmente delictiva” de la actual Xunta de Galicia contra los intereses objetivos y legítimos y contra los derechos y la propia vida y la salud de las ciudadanas y ciudadanos gallegos.