Se abrió la veda y sale en tromba la canalla a despotricar contra el Borbón. Muchos de los que antes lo tapaban, le reían las gracias o lo adulaban, ahora lo insultan y denigran. De dóciles lameculos a sayones y bocazas a la cabeza de la turba. No informan, analizan, denuncian o critican, que sería lo honesto y pertinente. Se limitan a despotricar y buscar el agravio más ignominioso, a adoptar el postureo más aparentemente radical, a regodearse en el insulto vil. Este tipo de personal no ayuda nada ni a nadie; no combate nada ni a nadie; no propone nada ni sirve de respaldo a nadie. Son nocivos para todos.

Juan Carlos I deberá  ser sometido a la acción de la justicia y de la política y al escrutinio de la ciudadanía. Ante la Justicia se ha de presumir su inocencia mientras no sea condenado, pero se ha de someter a su escrutinio y a su veredicto. Ante la política ya es responsable y digno de reproche, aunque solo sea por la exigencia que se le hace siempre a la mujer del Cesar pero, sobre todo porque ya consta la quiebra de su honorabilidad y el baldón que dejó caer sobre una institución como es la Jefatura el Estado. Responsabilidad política que alcanzará a su sucesor en la medida de su implicación, de su conocimiento de la corrupción y de su silencio o anuencia. Ante la ciudadanía debe darse cuenta e informar minuciosamente de los actos y comportamientos del Jefe del Estado con toda transparencia y ya los ciudadanos decidirán. Son derechos fundamentales y democráticos de los ciudadanos y una obligación ineludible de los gestores de la cosa pública. Y a suministrar la información veraz y completa están obligados los medios de comunicación.

El asunto es especialmente acuciante cuando la Corona en España  tiene un grave problema de legitimidad de origen, al ser realmente una monarquía otorgada desde la dictadura, por mucho que se legalizara metiéndola de matute en el paquete constitucional. Problema que trató de superarse buscando, al menos, la legitimidad de ejercicio, que es precisamente la que ahora está por lo suelos. Y sin una base mínimamente legítima, la Corona no es políticamente viable aunque, como ahora, se sustente en la legalidad, de momento, vigente.

Es más, no es el comportamiento de sus titulares, aunque pueda pesar lo suyo, el argumento central par la demolición de la monarquía. Aunque estos últimos Borbones fuesen honorables y santos, la monarquía en España es contraria a una buena salud democrática y por ello “delenda est”. Y esto es clave, porque la república no es objetivamente ni tiene que ser una demanda radical o de la izquierda. La república es y debe ser el proyecto de todos los demócratas. La monarquía, en cambio, es hoy el modelo de la extrema derecha y del nacional-catolicismo y su proyecto es su perdurabilidad e imposición. Y esto cada día se nota más. Basta ver la política de Vox o la inusitadamente rápida reacción de la jerarquía católica en defensa de D. Juan Carlos, a pesar de “sus pecados”.

Lo que ha sucedido ahora es que se rompió -¡Ojo, desde el extranjero!-  el muro de protección, de silencio y de complicidad con la Corona, con el Rey  y con la monarquía. De esta opacidad informativa para mantener a la ciudadanía en la ignorancia  han sido “cooperadores necesarios” los partidos que se turnaron en el poder del Estado y, sobre todo, el aparato mediático español que traicionó flagrantemente su papel en la democracia, sus principios deontológicos y su obligación de defender el derecho de la ciudadanía a la información. Pues bien, empezamos a ver, también aquí, la conversión de lameculos en bocazas.