Dejándose de rolletes, de elucubraciones y de circunloquios, lo que ayer sucedió es que las derechas extremas de este país, encabezadas por Ayuso y Abascal y secundadas por Núñez Feijóo, usurpando el poder en una institución cardinal del Estado como es el Tribunal Constitucional, al impedir su preceptiva renovación, han conseguido imponerse a la soberanía nacional amordazando a las Cortes Generales, que es donde reside esa soberanía. Todo ello con un clamoroso silencio cómplice de la Jefatura del Estado.
Están convirtiendo la le ley de leyes en “ley odiosa” y eso es la muerte de la Constitución de 1978, que embridada desde el 23-F de 1981 y alcanzada por la corrupción política este 19-D de 2022, puede no garantizar ya la democracia en el país.
También parece evidente que una reforma de la actual Constitución, hoy ya no es posible o serviría de muy poco o de nada.
No hay pues más salida -real, razonable y pacífica-, que abrir cuanto antes un proceso constituyente para que la ciudadanía española pueda dotarse democráticamente de una Carta Magna, libre del gen franquista, con la vacuna contra la corrupción puesta y que sirva efectivamente para garantizar una democracia, esta sí, plena.
De no producirse esto, en un plazo corto, podremos ver como ciudadanos y ciudadanas demócratas y progresistas serán situados, práctica y objetivamente, fuera de la ley y, en consecuencia, tendrán que ejercer sus derechos políticos, totalmente o en parte, en la clandestinidad. Y esto es violencia política.
Creo que esta es la situación que ayer ha creado un Tribunal Constitucional, cuya mayoría detentan y usurpan las derechas extremas de este país. Así lo creo y lo lamento.