Tal día como hoy, el 22 de julio de 1959, las Cortes franquistas ratifican por aclamación la propuesta del dictador de nombrar sucesor suyo en la Jefatura del Estado, a título de Rey, a Don Juan Carlos de Borbón, otorgándole al tiempo un título nuevo, el de Príncipe de España. Al día siguiente por la mañana Don Juan Carlos, acepta el nombramiento y por la tarde jura ante las Cortes guardar y hacer guardar las Leyes Fundamentales del Reino y los principios del Movimiento Nacional
Cuentan las crónicas que veintidós años antes, el 31 de marzo de 1947, el Almirante Carrero Blanco viaja a Estoril, donde vivía exiliado D. Juan de Borbón, heredero de la Corona de España, para dejarle clarito al hijo de Alfonso XIII el contenido de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, según la cual sería Franco, “cuando lo considerase conveniente” quien nombraría al monarca y que incluso el propio Don Juan podría ser “Rey de España, pero de la España del Movimiento Nacional, católica, anticomunista y antiliberal”. Una semana más tarde, Don Juan de Borbón hizo público un manifiesto señalando la ilegalidad de la Ley de Sucesión por alterar la naturaleza de la sucesión en la Corona de España, de la cual él era legítimo heredero.
A sus “derechos” Don Juan no renunció hasta 1977, cuando ya Don Juan Carlos era Rey de España. Su claudicación ayudó a que se colara la monarquía de rondón en el paquete constitucional, adornándola con el cuento de la “legitimidad dinástica”, pero la legitimidad de origen de la monarquía y de su titular, Don Juan Carlos, siempre estuvo en cuestión. Lo que ya no se cuestiona nadie es la evidente ilegitimidad de ejercicio del Borbón y, precisamente por ello, se le obligó a abdicar en favor de Felipe VI, e el 2014, con la intención política de hacer “borrón y cuenta nueva” o, por mejor decir, “Otro Borbón y cuenta nueva”
A siete años de esta operación de cirugía estética de la monarquía española, hay que decir que la restauración borbónica de 1975 y la legitimidad de origen de la monarquía siguen en cuestión, dada su procedencia, y que la legitimidad de ejercicio de Felipe VI empieza a resquebrajarse, aunque solo sea porque es imposible tragarse ya el presunto desconocimiento del nuevo rey de las intensas y extensas actividades, i rregulares, probablemente corruptas y delictivas y, en todo caso deshonrosas, de su “egregio” padre.
Todo ello viene a demostrar que no hay posibilidad alguna de cuenta nueva con un Borbón