No voy a ser yo quien ose afirmar que el Rey Emérito de España cobró comisiones ilegales que, en parte, repartió entre algunas de sus amantes; que acumuló un patrimonio multimillonario de forma ilegítima, fraudulenta e ilegal; que ese patrimonio, en todo o en parte, se oculta con testaferros y en paraísos fiscales y que defraudó sistemáticamente a la hacienda pública española. Y no voy a afirmar nada de esto porque, personalmente, no tengo pruebas contundentes ni testimonios de primera mano o fehacientes de semejantes tropelías delictivas e inmorales. Aunque, si tuviese pruebas, no sabría muy bien que hacer con ellas ni a quien dirigirme.
Sí voy a decir y a afirmar, porque tengo constancia de ello, que se habla, se escribe, se publica y se predica todo esto y bastante más de D. Juan Carlos, sea verdad o no, y que ya circula por la opinión publica nacional e internacional. Es verdad que más por la internacional que por la nacional que, en esto de la monarquía, nuestra prensa no perdió su querencia protectora de la corona y siempre va al rebufo cuando ya no queda otro remedio que publicar lo ya publicado. Es decir, que ya existe un relato de la corrupción de Don Juan Carlos que, por mucho que se califique de presunta, se asienta como más creíble cada día que pasa. Se hace, pues, imprescindible desmentir todo esto, si es “desmentible” y, por ello, entiendo que la iniciativa de una comisión parlamentaria de investigación es pertinente y positiva. Y es factible porque aunque no se pudiera, por un malhadado imperativo constitucional, juzgar, exigir responsabilidades y menos condenar penalmente al emérito, sí se puede y se debe saber, aclarar y, e su caso, desmentir actividades delictivas con pinta de lesa patria.
Lo raro es que los sedicentes monárquicos, constitucionalistas o patriotas se opongan a que todo se aclare y permitan que se consolide el presunto falso relato de la presunta deshonestidad delictiva del monarca. No son tan monárquicos y patriotas si prefieren potenciar la sospecha, con la imposición del silencio, a salvar la honra del monarca y de la monarquía. A no ser que consideren que el tal honor es insalvable y sea preferible ser un sospechoso para siempre a ser lo equivalente a un convicto, aunque no medie condena penal. Preferencia que no es la de la ciudadanía, con derecho a saber cómo y en qué se emplean sus cuartos. Sería también muy conveniente recordar que la monarquía es hereditaria y Don Felipe, por mucho que diga renunciar a lo irrenunciable, lo hereda y heredará todo: la corona, el dinero, sea del color que sea, pero también el relato. Endiablada la herencia la de los Borbones.