El PSOE y el PP y sus satélites y Vox , se han negado a que se abriera una investigación en el Congreso sobre las actividades “problemáticas” de Juan Carlos de Borbón. Comisión que proponían o defendían las formaciones de las izquierdas y partidos de centro derecha de nítida posición democrática y progresista. Los dos muñidores del bipartidismo y los nostálgicos del franquismo fundamentan su negativa en el art. 56.3 de la Constitución que dice: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Razón que viene avalada por los letrados de las Cortes. Muy legal, pero sabido es que no todo y no siempre lo legal, es digno, honesto y justo, por mucho que se trate de tender a ello. Hubo un día en que la esclavitud y la tortura fueron legales. Por poner un ejemplo. Es por ello que me atrevo a pensar e incluso, si hubiese lugar, a discrepar…¡Con perdón!
1.- Se acataría la Constitución, creo, si la citada Comisión parlamentaria no se dirigiese a dirimir responsabilidades, sino únicamente a conocer las actividades económicas, mercantiles y de relaciones públicas que Juan Carlos de Borbón ha mantenido durante su “reinado” y a saber la incidencia y los efectos que estas actividades pudieron tener en la dignidad de la Jefatura del Estado, en las relaciones internacionales, en el prestigio de la Corona y en opinión de la ciudadanía. No se juzgaría al Rey sino que simplemente se conocerían sus actividades. ¿Se puede negar el derecho del Congreso a conocer las actividades del Jefe del Estado? ¿Se puede negar ese derecho al pueblo español? Si por razones de seguridad hubiese algo que mantener en secreto, se solventaría la cuestión en la Comisión Parlamentaria de Secretos Oficiales, o como se llame. Es fácil, no se trata de juzgar o responsabilizar, sino solo de conocer y saber, oficial y fehacientemente, sin tener que ir a Suiza para ello.
2.- Donde ya puede entrar la Justicia para dictar sentencia, si procediese, y el Congreso para valorar y emitir juicio político es en las actividades del ciudadano Juan Carlos de Borbón, tras su abdicación. Puede investigarse y juzgarse con la misma diligencia y severidad con que se investiga y juzga a los roba-gallinas. Y parece que los tribunales algo están haciendo y, aunque no alcancen el grado de diligencia y severidad que tienen con los roba-gallinas, algo es algo.
3.- Lo que sí puede y debe investigarse y juzgarse, en el Congreso y en los tribunales, son todas las actividades, de antes y de ahora, de los testaferros, cooperadores necesarios y cómplice diversos que facilitaron e hicieron posibles las “problemáticas” actividades del Borbón. De no hacerlo estaría claro que en España es verdad política aquello de que “el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija”
4.- En todo caso, un gobierno simplemente democrático y progresista, que ni siquiera tendría que ser de izquierdas, pero sí estar libre del pelo de la dehesa franquista, podría simplemente desarrollar, por ley orgánica, el art. 56.3 de la Constitución para legislar lo que se puede y debe investigar del Rey y lo que no, y quien, cuando y cómo puede hacerlo. Es decir, hacer lo mismo que se hizo con el art. 57.5 para legalizar la abdicación del Rey Juan Carlos.
5.- Hacen mal, pues, nuestros prebostes en negarse a conocer la verdad política y oficial sobre las actividades problemáticas del Emérito. Ni a los monárquicos les conviene, porque siempre perjudican más los rumores, dimes y diretes y las hipérboles que el conocimiento objetivo de la realidad. El fango en que se mueve hoy en día la imagen del que fue Rey, y que ya alcanza al que lo es hoy, no creo que favorezca a nadie. Y que no se preocupen, porque la República va a llegar igualmente, ya que no se trata de que el rey sea bueno, malo o peor. Se trata de que la monarquía es inútil, pre-democrática, anacrónica y, sobre todo, “francógena”, es decir, perjudicial para nuestra dignidad colectiva y para una convivencia democrática madura y normal. Creo.