La jerarquía católica española, es decir, la Conferencia Episcopal lucha denodadamente para que el catolicismo sea “la” religión del Estado. O lo que es lo mismo, para que, de facto, España sea un Estado confesional católico. Esto es lo que, a mi juicio, pretende la iniciativa episcopal de celebrar un funeral de Estado católico, de dudosa legalidad y de evidente ilegitimidad, adelantándose al Funeral de Estado, propiamente dicho, previsto por el Gobierno para el día 16. ¡Qué dados son los sedicentes siervos de Dios a las tácticas diabólicas! El acto de la Almudena fue un acto político confesional con pretensiones de funeral de Estado. El Rey y la familia real hicieron mal en ir ostentando la representación del Estado. La Vicepresidenta del Gobierno hizo mal en tragar y los representantes de los partidos asistentes parece que apoyan a la Jerarquía católica en sus pretensiones de consagrar -nunca mejor dicho- la confesionalidad católica del Estado español. Allá ellos. Pedro Sánchez hizo bien en no asistir y muy mal en cargarle el muerto a su Vicepresidenta, porque eso, política e institucionalmente, también es asistir. En resumen los obispos lograron pringar a casi todo dios.
El funeral de Estado, que honrará a todas las víctimas del Covid-19 sin discriminación alguna e independientemente de su religión, creencia o ideología, será civil, que es el -ámbito que nos acoge a todos, y se celebrará el día 16 de julio.