Dicen que la Fiscalía, que tanto se dedica a apercibir, aprovechó la barahúnda bélica del momento, para lanzar, al “desapercibimiento” público y mediático, el archivo de la investigación penal sobre las andanzas de Juan Carlos I. No sé yo. Pero lo cierto es que hay barahúnda y hay archivo.
Los hechos delictivos del monarca son conocidos, reconocidos, probados e incluso socialmente reprobados, pero, en su caso y solo en su caso, no pueden ser juzgados o porque están prescritos y/o porque, por imperativo constitucional, no están sujetos a responsabilidad. De donde se desprende que la ley será igual para todos menos para uno, que ya le vale. Esto, creo, no está bien ni siquiera regular. Esto está mal, muy mal, por constitucional o legal que sea. En esto la ley, no solo es injusta, sino que también es odiosa.
El Presidente Sánchez dice que Juan Carlos I debe de dar explicaciones, pero lo que no dice Sánchez y, que yo sepa, su partido es que va exigirlas y, en su caso, obligar al ex – monarca a darlas. No ante la Justicia, que no puede, pero sí ante el Parlamento, que puede y debe.
Las actividades del Jefe del Estado son actos públicos, con repercusión política, con incidencia en la ciudadanía y con efectos en la opinión y en la moral públicas, por lo tanto deben conocerse, investigarse, valorarse y, si ha lugar, condenarse y reprocharse. No se podrá, constitucional y vergonzosamente, condenar y reprochar nada penalmente, porque esto sería cosa de la Justicia que, en esto es impotente, pero sí se puede hacer ética, política, legal y socialmente. Así como también se pueden sacar de todo esto conclusiones políticas, reformas, leyes o normas que pueden incluir la apertura de procesos de reformas constitucionales e institucionales del país. Y esto sí puede y debe hacerlo la ciudadanía en el seno de la institución fundamental de su representación democrática: el Congreso.
Qua a nadie se le ocurra tratar de arreglar esto con un comunicado de mierda, con una rueda de prensa al uso o con un esperpéntica comparecencia en el quicio de un a puerta con aquella mayestática burla de “lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir”.
Juan Carlos I, independientemente de su vuelta a España y una vez conocido el archivo de la investigación fiscal, ha de ser convocado ante le Parlamento español donde ha de dar explicaciones, ha de ser investigado y ha de ser sometido a las resoluciones que los representantes de la soberanía nacional dicten.
Si esto no se hace en un tiempo políticamente prudencial, creo que la quiebra democrática es inevitable y el “llamado régimen del 78” estará política y socialmente acabado.
Y así ando, “a mis pensamientos voy y de mis pensamientos vengo”…, parafraseando al poeta.