La estafa millonaria de dinero de todos nosotros, perpetrada por dos infames señoritingos, vamos a decir “presuntamente” por cautela o imperativo legal, es de una inmoralidad absoluta y de una crueldad vil y vesánica, si tenemos en cuenta que el “pelotazo” se produce aprovechando, ignominiosamente, y utilizando, sin escrúpulo alguno, una catástrofe sanitaria que sembró el dolor y la muerte en todo el país. Y fue ese dolor y esa muerte lo que sirvió para apropiarse de un dinero que estaba destinado a proteger, curar y salvar la vida de miles de personas.
La criminal operación se produce en el ámbito competencial de una administración, el Ayuntamiento de Madrid, gobernada por el PP. Un partido implicado en cientos de casos y causas de corrupción conocidas y reconocidas, además de sabe dios en cuantas desconocidas o no reconocidas. Hasta tal punto se ha llegado, que se han visto obligados a poner en venta su propia sede central, reconociendo de facto la afectación de la corrupción a la estructura del partido. Con dos o tres excepciones, creo, todos los responsables nacionales de las finanzas del PP se han visto implicados en casos o causas de corrupción.
Esto me ha llevado a pensar que, en el Partido Popular y para una gran parte de sus dirigentes, gestores, cuadros políticos, representantes públicos y gobernantes, la estafa, el cohecho, el blanqueo, el fraude fiscal, la prevaricación, la asociación ilícita, la falsedad documental, las concesiones públicas fraudulentas, el amiguismo o el tráfico de influencias no son malas prácticas, acciones inmorales o delitos, sino que se han convertido en el modus operandi habitual de la gestión pública y de lo público y así se ha normalizado, “sin ruidos ni estridencias”, en las conciencias de la mayoría de sus dirigentes e incluso de algunos militantes y afiliados, que no dudan en recurrir a estas prácticas cuando les son necesarias. Esto se llama, creo, corrupción estructural de una organización.
La constatación de una situación así debiera llevar a la coherente y fulminante ilegalización del partido, si el propio partido no se disuelve o refunda. Pero ninguna de etas dos cosas han sucedido, a pesar de las abrumadoras evidencias cuantitativas y cualitativas. ¿Por qué?
Yo creo que las razones son varias, pero hay dos centrales. La primera es que, siendo seguramente el PP el partido más afectado e infectado, no es el único y otras organizaciones políticas y sociales están también seriamente contaminadas por la corrupción, lo que facilita ese clima del “tú más” o el “todos son iguales”, que favorece y ha favorecido hasta ahora la impunidad de las organizaciones y de muchas personas corrompidas y corruptoras. Y la segunda es, que se han contaminado también, en gran medida, las mismas instituciones publicas, encargadas de la vigilancia, el control y la depuración de las malas prácticas políticas y de la corrupción. Y por eso las organizaciones y muchas personas quedan impunes o se van de rositas.
La consecuencia de todo esto es que la corrupción va a acabar con el sistema, con el mismo régimen del 78 o, según se mire, del 81, lo cual es malo, porque siendo necesaria, e incluso perentoria, la reforma o sustitución de la Constitución del 78 y de muchas de sus instituciones ya amortizadas, como es el caso de la propia Monarquía, esto debiera suceder por la vía de la maduración y desarrollo democráticos, normales en una sociedad sana y viva, y no tanto por un desmoronamiento, siempre traumático si no violento, del sistema vigente por haberse corrompido.
A ver si hay suerte o acierto y se consigue el buen camino para salir de ésta.