Miles de personas -padres, madres, abuelas y abuelos nuestros- murieron, durante la pandemia y a causa o con ocasión de ella, sin la atención posible y necesaria, en el abandono o, incluso, “protocolariamente” excluidos de la atención sanitaria pública, como es el caso de Madrid, cuando menos.
Para un homicidio y feminicidio “colectivos” de esta envergadura, humana y social, habría que inventar o crear (si no la hay) una palabra que lo pudiese definir y precisar, tal como se hizo, por ejemplo, con “genocidio”, para nombrar el asesinato masivo de judíos en el siglo pasado. Esta suerte de “crimen social” convendría “nombrarla” para evitar su impunidad, su fuga del reproche jurídico (penal y civil) y político, su olvido y, sobre todo, su reiteración.
Pasados más de dos años del momento álgido de la peste y dándose ya por prácticamente vencida la pandemia, no hay abierta ninguna investigación judicial y política, con la amplitud, profundidad y rigurosidad pertinentes, que se sepa. Y si no se sabe es que no la hay. Es más, se han cerrado y frustrado loables intentos de investigar, juzgar, valorar y sacar conclusiones penales y políticas de lo sucedido. Y lo sucedido se conoce y puede conocerse bien, porque existe suficiente información e investigación de los hechos, gracias al buen trabajo de eficientes periodistas de investigación. Basta ver, por ejemplo, el trabajo realizado por el periodista Manuel Rico Prada; por citar uno de los más rigurosos y excelentemente documentados.
Y dado que, lo que pasó, se conoce y puede conocerse y documentarse bien, si no hay investigación, análisis y conclusiones judiciales y políticas, las instituciones democráticas no funcionan, eluden sus responsabilidades y pierden legitimidad de ejercicio a ojos vistas. Será ésta toda una señal de hasta donde llega la corrupción política e institucional y el encanallamiento social de un país, del que solo podremos sentirnos avergonzados.
Hemos dejado morir, si no matado, a nuestros mayores y hemos de saber cómo lo hicimos y por qué. Y hemos de pagar por ello. Todos. Cada uno según su responsabilidad e implicación. Y si no lo demandamos y no lo hacemos, seremos personal y colectivamente cómplices de un homicidio y feminicidio sobre nuestros mayores. Un crimen que bien pudiera denominarse “presbicidio”, para juzgarlo, condenarlo, no olvidarlo y, sobre todo, para que nunca prescriba.