Ahora comienza el tiempo de alcanzar un acuerdo o pacto entre los interesados en un Gobierno de progreso. Tiempo de hablar, escuchar, negociar y concretar para ofrecer un programa de gobierno que interese realmente a todos los coaligados.
Si el acuerdo se limita a armonizar las distintas condiciones de los partidos para sacar adelante la investidura y, como mucho, a aprobar uno o dos presupuestos, podría haber Gobierno pero el tiempo escaso que dure será convulso y la legislatura muy poco operativa.
Si los pactos de investidura se enmarcan y se supeditan a un objetivo político común pactado, concreto y preciso, que sea de interés fundamental de todos los coaligados y que pueda responder a los intereses reales y objetivos y a las aspiraciones de la mayoría social, entonces la legislatura llegará a su final. Será un periodo complejo y difícil, de debates abiertos y duros, pero no tiene porque ser convulso, sino fortalecedor de la democracia, dado que todos supeditarían sus intereses de parte al objetivo común primordial y podrán con facilidad los coaligados matizar sus demandas, aplazar o no salidas y soluciones y conducir o reconducir nuevos acuerdos.
Las derechas más ultras, -se ha visto nítidamente en la investidura fracasada de Feijóo- están empeñadas en sacralizar, sin cumplirla fehacientemente, la Constitución del 78, con su lectura del 81 a partir del 23-F. La máxima ultra es la misma que la de aquel refrán, tan irónico como agudo: “El trabajo es sagrado, no lo toques”. Pues eso, la Constitución es sagrada, para la ultraderecha, y no se puede tocar, ni siquiera de ello hablar, más allá de lo teorético o lo meramente hipotético. Lo capital para estas gentes es no tocarla. Incumplirla, deturparla o soslayarla es secundario y su pan de cada día. No se toca porque es su coartada, su pretexto. Ahí está lo sagrado.
Pues bien, acordar LA APERTURA en la próxima legislatura de un proceso de reforma de la Constitución con los procedimientos marcados en sus artículos 166-169 y con el correspondiente debate político y social, podría ser el marco de acuerdo político de investidura y su objetivo primordial. O, al menos, el pacto para abrir de una santa vez este melón y romper con su taimada, maliciosa y democráticamente peligrosa sacralización.
No cabe duda de que una reforma democrática de la Constitución se hace cada día más perentoria y abre posibilidades a la resolución de muchos problemas, eternamente pendientes, como la presencia de la mujer en el texto de Carta Magna, el avance en dar respuesta adecuada a la conformación territorial del país, para lo que ya no sirve ni es útil plenamente el título VIIIº, la contemplación de los nuevos retos, derechos y deberes derivados de la “revolución tecnológica”, el abordaje de la gran crisis del medio ambiente, etc. etc. Y por supuesto, muchas de las condiciones que hoy se barajan para el acuerdo de investidura podrían encontrar adecuado encaje. O no, pero ello sería por acuerdo mayoritario y democrático en toda regla.
No se trata, pues, de meros acuerdos de partes, por muy legítimos que sean, sino de un acuerdo de las partes todas que responda a los verdaderos intereses generales: de todos.
Y hay algo muy importante: con un acuerdo marco así, no se podría caer en la tentación de ponerse a la defensiva, como le podría muy bien suceder al nuevo Gobierno ante el fango de una oposición echada al monte y con una coalición frágil y desconfiada; cuando los tiempos y la ciudanía requieren y demandan una actitud proactiva y ofensiva para encarar los problemas que tenemos planteados. Alguno tan serio como la supervivencia de la propia especie.
Yo pienso esto. Los dioses me perdonen.