Aznar facilitó a la Iglesia Católica hacerse con bienes que, sencillamente, decidiese (la Iglesia) inmatricular (registrar) unilateralmente a su nombre.
Resultado: la Iglesia católica se apropia de 35.000 bienes inmuebles en una macro-operación sin precedentes de apropiaciones, cuando menos, muy dudosas.
Ante el escándalo de esta “clara apropiación indebida” como mínimo, le llevó años al Gobierno negociar con la Jerarquía católica alguna forma de reconocimiento de la apropiación indebida y devolución de aquellos bienes que fuesen indebidamente registrados.
Tras la ardua negociación, la jerarquía católica reconoce oficialmente que de esos 35.000 bienes, solamente 1.000 no son suyos y “pertenecen a un tercero o a la iglesia no le consta la titularidad” sobre los mismos. De reconocer lo indebido de sus apropiaciones, nada.
Nótese la alambicada y florentina expresión utilizada para reconocer, no la apropiación indebida o el registro inapropiado de algo, sino solo que “no es propiedad de la Iglesia” una mínima parte (poco más del 2%) de lo sustraído.
El presidente Sánchez y el Presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Omella, se reúnen (¡Atención!) en la sede del gobierno de los obispos para sellar el acuerdo de “inicio de los trámites para la devolución de esos bienes a sus propietarios” que, ahora, deben abordar los obispos de cada diócesis atañida. Un prodigio de rapidez y diligencia, vamos…!
Preguntas:
1.- ¿Incluye este acuerdo, expresa o tácitamente, que el Gobierno renuncia o aplaza sine díe la puesta en cuestión de la propiedad de otros de los 34.000 bienes unilateralmente inmatriculados por la Iglesia?.
2.- ¿Podemos considerar esta insignificante y ambigua concesión de la jerarquía católica un calculado medio de contención y de aplazamiento ad kalendas grecas de temas cardinales pendientes, como el establecimiento de la fiscalidad para la Iglesia católica y demás confesiones religiosas, la revisión imprescindible de los preconstitucionales acuerdos con el Vaticano (concordato de facto) o la necesaria intervención de la fiscalía en las investigaciones de abusos a menores, perpetradas por sacerdotes y religiosos en colegios u otras instituciones de la Iglesia?.
3.- Conocido y reconocido es el cinismo infinito de la jerarquía católica española y de la diplomacia vaticana; conocidos y reconocidos son el vasallaje y la complicidad con la Iglesia Católica de las derechas españolas, así como su adhesión ideológica y doctrinal al nacionalcatolicismo; pero ¿qué es lo que pasa con los Gobiernos, se dicentes progresistas, laicos o de izquierdas españoles? ¿Qué pasa con sus atávicos miedos, con sus complicidades inconfesables, con sus corrupciones políticas o con sus patológicas y crecientes insuficiencias democráticas?
4.- ¿Se reconocerá eficaz y eficientemente, alguna vez, la imprescindible necesidad de reformar y cambiar el artículo 16.3 de la Constitución, que cita nominalmente a la Iglesia católica en el establecimiento de relaciones de cooperación con todas las confesiones en el marco de l “aconfesionalidad del Estado”? Cita que fue hábilmente utilizada y sobredimensionada para mantener vigente y operativo el nacional catolicismo del régimen franquista, cumpliéndose así el verdadero objetivo de los reformistas del franquismo que participaron en los consensos de la transición.
El cinismo sin límites de la Jerarquía católica española es evidente, pero la incompetencia del Estado español, cuando no la complicidad, también. Yo así lo veo.